La inseguridad es más que injuriar a la gente. Otra consecuencia de la inseguridad urbana es que se vuelve la maquinaria más eficaz para promover la corrupción. Cuando un gobernante no combate con decisión la criminalidad, se empieza inconscientemente a volver socio de la corrupción. Cada vez más dinero público se gasta en las consecuencias sociales que imponen los delincuentes. La peste del microtráfico urbano, las millonarias extorsiones a los sectores productivos, los criminales infiltrados en los gobiernos, los dineros públicos patrocinando personas que delinquen, el espacio público en manos de delincuentes, la prohibición que ciudadanos circulen libremente por los espacios urbanos, son los primeros síntomas que la violencia es el primer instrumento de corrupción en el país.
Gobernante que sea indiferente con la delincuencia, o que sea apático a la invasión de extorsionistas, o que no se comprometa a derrotar a los que desplazan ciudadanos, o que no le importe que se apropien ilegalmente del espacio público, se va erigiendo como dirigente complaciente con la corrupción. Gobernante que tolere criminales empieza a ser parte indirecta de las bandas criminales.
La violencia desmedida, sin control, antes invisible y ahora a ojos vistos por ineficacia de autoridad, tiene como consecuencia la destrucción de valor de los presupuestos públicos. Son innumerables los ejemplos.
A miles de jóvenes que estaban o están en la violencia se les regala un sueldo mensual por parte de las alcaldías y los gobiernos. Pareciera que es más importante delinquir o parecer violento, que ser buen ciudadano. Hay ciudades que del dinero público han regalado más de $35.000 millones anuales en sueldos mensuales de $500.000 a supuestos excombatientes sin tener que trabajar.
El desplazamiento intraurbano a que obligan los bandidos en los barrios populares en las grandes ciudades, genera dolor humano pero al mismo tiempo exige que el dinero público se tenga que destinar a socorrer a los desplazados por los criminales.
Las extorsiones a los buses de $30.000 diarios por bus, hacen que esa vacuna la paguen al final los ciudadanos o el gobierno, en la tarifa que se aumenta cada año. La extorsión en el transporte hace parte invisible de los costos de la tarifa, pues esa vacuna se volvió permanente como se volvieron los extorsionistas.
Los contratistas públicos deben pagar extorsiones en los barrios populares para poder ejecutar la obra. Esa extorsión o sale del mismo presupuesto público u obliga que la obra pública disminuya la calidad por el dinero de la extorsión, lo cual es en esencia una captura del estado. De hecho, los presupuestos para obras públicas en barrios de conflicto se acostumbra inflarlos artificialmente, por los riesgos aceptados que el contratista pague extorsiones.
Los contratistas de obras públicas no sólo tienen que pagar a los combos sino que además, en los últimos tiempos, el contratista es obligado a vincular como empleados para la obra a miembros de los combos, a muchos de los cuales no se les puede exigir ninguna calidad en el trabajo por su condición de ilegales activos y no de operarios eficientes.
De otro lado, la usurpación de tierras en Colombia es la máxima combinación de violencia y corrupción. Violencia para asesinar, espantar y obligar a abandonar las tierras mediante el desplazamiento. Corrupción para que los funcionarios, fletados o amenazados, legalicen lo que la violencia arrebata ilegalmente a los legítimos propietarios de tierras. Las inversiones del Estado para restituir tierras a los legítimos propietarios son millonarias, todo por culpa de los violentos.
El Microtráfico en las ciudades y las multimillonarias extorsiones urbanas al comercio, al transporte, a los sectores productivos genera una millonaria economía negra, en cantidad de dinero sólo comparable a las ganancias de las grandes empresas del país, y mucha parte de ella es utilizada para capturar el estado y violentar la institucionalidad.
Esa economía negra ilegal tiene una gran capacidad para corromper los organismos de seguridad del estado. Una queja ciudadana permanente, por ejemplo, es que ven al policía más cerca del delincuente que del ciudadano de bien. Combatir sin concesiones la ilegalidad es lo único que permite destruir esa relación diabólica y lograr apoyar al policía para que sea amigo del ciudadano y enemigo a muerte del delincuente.
En síntesis, a mayor inseguridad mayor prosperidad para la corrupción. La inseguridad no es un tema sólo de atracos, de extorsiones y de muertes violentas. Los tentáculos de la inseguridad urbana son el gran abono para que crezca la corrupción y para que se entronice la captura del estado.
Gobernante que no enfrente con valentía a los ilegales, empieza a ser cómplice de la corrupción y socio de los mismos criminales.
